University of Texas at Austin

Esta ponencia tiene como objeto analizar porqué Estados-nacionales que antes estuvieron poco interesados en atender las demandas de sus nacionales residentes en otros países, han dado ahora un giro completo en sus políticas migratorias pretendiendo integrarlos dentro de sus agendas políticas y económicas. También estudia las distintas formas de incorporación política de emigrantes adoptadas en las últimas décadas por estos Estados. El argumento principal es que es que este giro se encuentra determinado por dinámicas políticas internas. Las variables económicas y geopolíticas, así como los cambios en los patrones migratorios y las demandas de inclusión política expresadas por comunidades de emigrantes ciertamente influyen en la decisión de estos Estados en incorporar o excluir a sus nacionales fuera de su territorio. Sin embargo, y en última instancia, son los balances de poder interno los que determinan la incorporación de los emigrantes y la forma en que esto ha de llevarse a cabo. En otras palabras, las políticas de incorporación de emigrantes no representan un acto único y definitivo: cada Estado incorpora a sus emigrantes de forma más o menos amplia, y de modos que prometen consecuencias políticas y económicas muy distintas.

Este trabajo presenta al Estado como un actor independiente que al adoptar distintas estrategias y políticas públicas es capaz de afectar de forma esperada o inesperada la cultura política y de motivar, además, ciertas vías de organización y acción política y no otras. Reconoce también que el Estado se transforma a su vez al interactuar con individuos y organizaciones así como con aspectos de orden estructural. Desde una perspectiva teórica, el argumento presentado se inserta en los estudios que han tratado de replantear y recuperar la relevancia del Estado y sus interacciones con distintos grupos sociales como variables explicativas de importancia fundamental para entender los distintos procesos sociales y políticos (Evans, Rueschemeyer et al. 1985). Estos estudios, enmarcados dentro del institucionalismo histórico, piensan al Estado no como un ente abstracto, sino como un actor político independiente, a su vez delimitado y constreñido por distintos aspectos históricos. También tienen la ventaja de recuperar la relevancia de los individuos como agentes capaces de transformar sus propios destinos --aunque ciertamente en escenarios limitados-, y de impactar y moldear a las propias instituciones.

El trabajo pretender dialogar con los enfoques trasnacionalistas que en los últimos años se han dedicado a estudiar las interacciones de inmigrantes con sus países de origen, y con sus países de adopción. Entre otras cosas, propone que los enfoques trasnacionalistas requieren incorporar de manera sistemática el rol desempeñado por los Estados-nacionales como variables independientes. Contrario a lo que algunos enfoques trasnacionalistas plantean, los Estados-nacionales no están en proceso de extinción. Más bien, sus intentos de incorporar políticamente a sus emigrantes, cooptando y o incentivando sus actividades trasnacionales, refleja su capacidad de adaptación y permanencia. Este esfuerzo, no obstante, conlleva cambios importantes en las ideas de nación, ciudadanía y soberanía; por lo menos, en la forma como se les entendió durante los últimos dos siglos. En efecto, desde el siglo XIX la nación se equiparó con la idea de Estado, mientras que a éste se le enmarcó dominando un territorio específico y delimitado.

Estas nociones, sin embargo, no pueden pensarse de la misma manera luego de que Estados nacionales pretenden extender su autoridad y el término de nación va más allá de su territorio para incorporar a sus emigrantes. Por un lado, la nación vuelve a presentarse como primordial, esto es, más como una forma de pertenencia a una comunidad étnica y cultural, que como una forma de pertenencia política (Habbermas,1992; Guarnizo y Smith, 1998). Por el otro lado, la noción de soberanía tiende a parecerse más a la idea medieval de distintas soberanías territoriales superpuestas unas con otras, en las que los súbditos participan de manera rutinaria en jurisdicciones múltiples. Esto, contrasta con la noción de soberanía moderna, entendida ésta como la existencia de una autoridad final y absoluta en un territorio específico y no superpuesto con ninguna otra forma de autoridad (Held, 1989).

La noción de ciudadanía se ve igualmente afectada porque la incorporación de emigrantes a los que se les extienden derechos políticos crea distintos tipos de ciudadanos. Esto contrasta con una idea horizontal de ciudadanía —todos somos iguales frente a la ley y tenemos los mismos derechos y obligaciones-- que se buscó construir durante todo el siglo XX. Aunque las formas de "ciudadanía diferenciada" han sido presentadas como necesarias para asegurar el reconocimiento de grupos previamente excluidos (Faist 1999), a fin de equipararlos en oportunidades, todavía no esta realmente claro hasta que punto éstas llevan realmente a una forma de ciudadanía horizontal en un contexto trasnacional. En ese sentido, es importante estudiar de manera más profunda cuáles son las consecuencias de las políticas de doble ciudadanía en la promoción de principios de igualdad de derechos.

Para ilustrar esto, este trabajo estudia los casos de Colombia y México, y sus interacciones con sus nacionales residentes en Estados Unidos. Conviene aclarar, sin embargo, que los datos presentados son preliminares y, por lo tanto, insuficientes para sacar conclusiones. Lo que se pretende pues aquí es explorar nuevas líneas de análisis a fin de entender cómo se están transformando los Estados-nacionales frente a los nuevos fenómenos creados por las migraciones internacionales.

En las últimas dos décadas, Colombia y México han buscado incorporar a sus nacionales que habitan en territorio extranjero de distintas maneras. Cada uno de estos países ha adoptado medidas de acercamiento que reflejan tanto balances de poder internos como agendas estratégicas de política exterior en los ámbitos económico y político.

Desde principios de la década de los noventas, Colombia ha establecido una política integral dirigida al grueso de su población nacional en el extranjero(Guarnizo, Sánchez et al. 1999). En su nueva Constitución de 1991, por ejemplo, este país reconoció la doble ciudadanía, lo que facilitó que sus nacionales en el exterior pudieran naturalizarse como ciudadanos de otros países. Con esta medida Colombia agrega derechos económicos y civiles a los derechos políticos —específicamente el voto en elecciones presidenciales– ya reconocidos a los colombianos en el extranjero. En la Constitución de 1991también se aprueba la representación de los colombianos fuera de su país en el Congreso Nacional, para lo cual se crea un distrito electoral que incluye a los países extranjeros donde radican colombianos. Cabe aclarar, no obstante, que la legislación para que esto ocurra no se expide sino hasta el 30 de junio del año 2000, para entrar en vigor en las elecciones del 2002, plazo en que se podrá elegir ya a quien represente a estas comunidades en su conjunto. En adición a estas medidas, en diciembre de 1997, el Congreso colombiano aprueba una ley que otorga a los colombianos fuera de su territorio nacional el derecho a votar por candidatos al Congreso en distritos electorales dentro del propio territorio colombiano. Esto quiere decir que los Colombianos en el extranjero pueden elegir desde lejos a quienes representan a sus propias regiones de origen.

Además de las reformas constitucionales y legales mencionadas, el Estado colombiano ha procurado llevar a la práctica una serie de políticas para acercarse a sus comunidades en el extranjero. Estas incluyen el Programa para la Promoción de las Comunidades Colombianas en el Exterior (PPCCE), creado en 1996 por el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de un plan titulado Colombia para Todos. Este programa tiene la intención de atender las necesidades específicas de los colombianos fuera de su país, lo que incluye asistencia legal en materia penal y migratoria. Como parte de ese mismo programa, los cónsules han incrementado su interacción con las comunidades colombianas en el extranjero, y han intentado motivar una mayor participación política de éstas no solo en su país de origen sino en sus países receptores. Además de estas actividades, el gobierno colombiano creó hace algunos años una red electrónica para promover la comunicación entre todos los colombianos profesionistas y académicos que residen en el extranjero.

En los últimos años, los partidos políticos colombianos también han incrementado su interés por sus compatriotas en el exterior. Ello se refleja en el hecho de que el Partido Liberal ha aprobado recientemente que los Colombianos en el extranjero puedan tener representación oficial en el partido como miembros constituyentes (o delegados).

En contraste con Colombia, México no ha adoptado formas tan amplias o tan ambiciosas de incorporación política de sus emigrantes. Sin embargo, al menos desde inicio de la década de los noventas también ha mostrado tanto interés como Colombia por atraer la atención de sus nacionales en el extranjero. En febrero de 1990 el gobierno mexicano creó el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME) dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La intención de este programa es proteger los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos y de sus familias en los Estados Unidos, y "cultivar una relación de largo plazo con la heterogénea diáspora Mexicana en ese país. (González Gutiérrez, 1996 p, 386.)." Esta meta se ha realizado a través de la expansión de las redes consulares mexicanas. Como parte de este programa, los cónsules Mexicanos han participado de manera muy activa tanto en reorientar a las asociaciones de comunidades de origen (ACO) iniciadas voluntariamente por los inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos como en motivar la creación de otras nuevas. El afán del Estado mexicano por promover la creación de las ACO está directamente ligado a su interés por promover que las remesas de dinero enviadas por los emigrantes se perpetúen en el tiempo y, al mismo tiempo, sean invertidas de manera productiva en las regiones expulsoras de emigrantes, así como en otras zonas pobres del país. Además de este esfuerzo ampliamente orientado a los mexicanos de primera generación, esto es, aquellos que nacieron todavía en el país, el gobierno ha tratado de acercarse a los mexicanos de segunda y tercera generación —los que ya son mexicano-americanos-- a través de la realización de eventos culturales que promueven la identidad mexicana, así como la puesta en práctica de programas de intercambio escolar.

En el ámbito constitucional también se han hecho reformas importantes. Específicamente, la reforma a la Constitución publicada el 20 de marzo de 1997, y efectiva un año más tarde, a través de la cual se estableció que los mexicanos que se naturalizaran en otro país no perderían la nacionalidad mexicana. Asimismo se permitió que aquellos mexicanos naturalizados como ciudadanos de otro país recuperen su nacionalidad mexicana. Una parte interesante de ésta ley es que ésta altera las reglas anteriores de jus sanguini --o de ciudadanía basada en descendencia sanguínea-- (Aleinikoff 2000). De esta forma, podrán ser nacionales mexicanos los hijos de quienes posean la nacionalidad mexicana, pero esta última no se podrá heredar más allá de la segunda generación. Esta medida contrasta con la ley mexicana previa en la materia que permitía conservar la nacionalidad mexicana a través de varias generaciones, si la primera generación elegía la conservación de la ciudadanía mexicana, y no la naturalización como ciudadano de otro país. En otras palabras, los hijos de ciudadanos mexicanos nacidos en el extranjero podían, de hecho, ser nacionales mexicanos, y al mismo tiempo ciudadanos del país en que nacieron, siempre y cuando eligieran retener su nacionalidad mexicana cuando llegaran a la mayoría de edad. Este punto es interesante porque aunque el Estado mexicano pretende institucionalizar a su diáspora en Estados Unidos con todas las medidas adoptadas en la última década, al mismo tiempo establece un límite temporal para controlar el crecimiento, y la posible influencia de esta diáspora en los destinos de este país.

Substantivamente, la reforma a la Constitución reconoce a los mexicanos en el extranjero derechos económicos y civiles. Por ejemplo los de viajar a cualquier parte con pasaporte mexicano, y los de propiedad de tierras, derechos que no están permitidos a quienes no son nacionales mexicanos. Sin embargo, los derechos políticos quedan fuera pues, en contraste con Colombia, aún no se les permite ni votar ni ser votados si están fuera del territorio nacional, no obstante que constitucionalmente este derecho está ya establecido.

Con la llegada al poder del Presidente Vicente Fox, esta situación tiene altas probabilidades de cambiar, pues entre los proyectos del nuevo gobierno se incluye dar doble ciudadanía —y entonces derechos políticos formales-- a los mexicanos que residen en el extranjero. Esto incluiría no solo el derecho al voto para 18 millones de posibles mexicanos en el extranjero, sino también el derecho de elegir representantes a través de listas plurinominales.

Como en el caso colombiano, también los partidos políticos en México han mostrado mucho interés en los mexicanos que residen en el extranjero. En especial, partidos como Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) han considerado como una medida clave en sus campañas el visitar a los mexicanos en Estados Unidos.

Los casos mencionados, tanto el de Colombia como el de México, contrastan de manera radical con los comportamientos mostrados por ambos Estados antes de la década de los noventas hacia sus emigrantes. Antes de esa fecha, ni Colombia ni México habían mostrado demasiado interés hacia quienes habían dejado sus lugares de origen para radicar en otro país. Esto se refleja quizá de manera muy clara en un estudio del gobierno mexicano sobre los mexicano-americanos realizado en 1987, antes de que se llevaran a cabo los cambios mencionados previamente. En este estudio, el gobierno mexicano reconoce que aunque los mexicano-norteamericanos habían mostrado gran interés en acercarse a México como forma de recuperar su pasado "la respuesta mexicana no llegó a institucionalizar ninguna relación formal (CNP 1987) p. 3." Si el acercamiento con los mexicano-americanos era muy limitado, más lo era con el resto de los mexicanos en Estados Unidos (es decir aquellos que no eran ciudadanos americanos), excepto por políticas consulares muy definidas, orientadas a defender los derechos de los inmigrantes indocumentados.

En el caso colombiano tampoco se hicieron muchos intentos de acercamiento con las poblaciones en el extranjero. Sin embargo, si había más contacto con la población en el exterior debido al hecho de que ésta adquirió el derecho a votar desde 1961. Esto, como más adelante se explicará, se debió a razones de política interna más que a un interés particular por los emigrantes. No obstante, la existencia de éste derecho motivó que, en contraste con el caso mexicano, líderes de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular—especialmente del Partido Liberal-- visitaran ocasionalmente a sus compatriotas en el extranjero, especialmente durante épocas electorales.

El poco interés de Colombia y México hacia sus comunidades en el exterior antes de los noventa se explica por el hecho de que los emigrantes de ambos países representaran en su mayoría a grupos poblacionales de antemano excluidos de los modelos de desarrollo económico y político llevados a cabo en ambos países. Embarcados en procesos de modernización económica, tanto Colombia como México expulsaron fuera de sus fronteras nacionales a gente primordialmente del sector agrario, espacio donde las dislocaciones sociales producidas por la industrialización y urbanización se registraron de manera más dramática (Fernández Kelly y Portes, 1992). En el caso Colombiano, la emigración tuvo además un componente explícitamente político particularmente durante el periodo de La Violencia. Aunque México no vivió una experiencia similar de violencia política, de todas formas se puede afirmar que en ambos casos, el mexicano y el colombiano, la emigración representó una válvula de escape para disminuir la inestabilidad política y social relacionada con los proyectos modernizadores.

¿Qué fue lo que motivó que cambiaran las actitudes de ambos países para la década de los noventas? La literatura ofrece varias explicaciones posibles interconectadas entre sí, a saber:

1)Transferencias monetarias. La explicación sugiere que las elites políticas y administrativas del Estado se dieron cuenta de que conforme la emigración aumenta, también aumenta el flujo de remesas hacia sus economías nacionales. Concientes de la relevancia de estos recursos para su estabilidad económica y social --particularmente en periodos de austeridad económica y financiera-, éstas elites han decidido asegurar la continuación de estos flujos a través de una serie de políticas que incluyen el otorgamiento de doble ciudadanía o doble nacionalidad, el nombramiento de "embajadores honorarios" y el subsidio de organizaciones de inmigrantes (Smith y Guarnizo, 1998).

2) Geopolítica. Tras el final de la Guerra Fría y de un proceso global de reestructuración económica, los estados expulsores de emigrantes han tratado de reinsertarse en la arena internacional que les ha sido desfavorable. Esto ha incluido la intención de organizar a sus comunidades en el extranjero e institucionalizarlas como una diáspora moderna, tal como es el caso de Israel con las comunidades judías de Estados Unidos (Sheffer). Su meta principal con esta medida es crear un grupo de cabildeo que apoye sus agendas de política exterior, particularmente con respecto al Estado que recibe a sus emigrantes. Esto es particularmente cierto si sus comunidades en el exterior se localizan en algún país desarrollado, y si el Estado expulsor tiene una imagen desfavorable frente a ese país. Una segunda meta es garantizar un flujo constante de remesas las cuales representan una importante entrada de divisas a la luz del contexto internacional actual de escasez de capital (Smith y Guranizo 1998; Smith 1998; Smith 1998; Smith 1999).

3) Cambios en patrones migratorios. La cada vez mayor proclividad de los inmigrantes a establecerse en sus países adoptivos de manera permanente convierte la lealtad a los países de origen en algo que tiene que ser cultivado. De otra manera, los inmigrantes se incorporarán eventualmente a sus países adoptivos y tenderán a dejar de invertir y enviar remesas a sus países de origen (Roberts 1999). Para cultivar esa lealtad, los países expulsores están dispuestos a abrir espacios políticos y económicos a sus nacionales extranjeros a través de políticas de doble ciudadanía, o doble nacionalidad. Además, también tienden a poner en práctica programas que fortalecen la identidad de los emigrantes como miembros de un origen étnico y cultural que se distingue del que predomina en sus sociedades receptoras (Smith y Guarnizo 1998).

Todas estas hipótesis son posibles en la realidad, pero insuficientes como explicación completa: el caso Chino, por ejemplo, demuestra que un Estado con todas las razones mencionadas para acercarse e incorporar políticamente a sus emigrantes puede escoger no incorporarlos. Esto quiere decir que alguna otra explicación está faltando.

En coincidencia con Itzigsohn (2000), este trabajo propone que la explicación de porqué países expulsores deciden incorporar a sus emigrantes radica, como ya se ha dicho, en las dinámicas de política interna de estos mismos países. Sin duda, estas dinámicas influyen en que los estados expulsores decidan acercarse a sus emigrantes, actores antes prácticamente olvidados. Si no hay condiciones internas o la disposición de las elites políticas para incorporarlos, esta labor nunca se llevará a cabo. Al respecto, Izigsohn sugiere que un factor clave para explicar los intentos de incorporar a sus emigrantes por parte de los países expulsores es la existencia y desarrollo en estos países de un sistema de competencia electoral. Adicionalmente a esto también se requiere:

1)Viabilidad de los partidos políticos de oposición. Si los partidos políticos de oposición tienen mayor capacidad de influencia sobre los emigrantes y los emigrantes a su vez, pueden influir política y económicamente sobre sus comunidades de origen es más probable que las elites en el poder tengan mayor interés en acercarse a sus comunidades de emigrantes como un intento por controlar y cooptar las formas de organización política que éstas hayan desarrollado en sus países adoptivos y evitar así que éstas sean controladas por la oposición.

2) Crisis de legitimidad y emergencia de nuevos actores autónomos del Estado. En contextos de crisis de legitimidad del sistema democrático, así como de proyectos de desarrollo económico ampliamente nacionalistas, los actores antes olvidados o suprimidos del ideario nacional adquieren mayor relevancia. Por ejemplo, minorías indígenas o comunidades de emigrantes en el exterior. Necesitados de incorporar a nuevos actores políticos para aumentar su legitimidad y capacidad de acción política, los Estados nacionales que antes olvidaron a sus emigrantes ahora buscan recuperarlos a través de distintas acciones que varían dependiendo de la composición y capacidad de influencia de las comunidades de emigrantes en el exterior.

3)Mayor influencia de gobiernos locales frente al poder federal o central. Los emigrantes tienden cada vez más a tener un mayor impacto político en sus comunidades de origen pues es a estos lugares justamente a donde ellos vuelven cada año, y donde mandan parte del dinero que han ganado en el exterior. Es también allí donde lo invierten esporádicamente en distintas actividades económicas y de infraestructura, por ejemplo, la construcción de una carretera o la creación de un programa de becas escolares. Por ello, los emigrantes han adquirido una gran importancia para los gobiernos locales tanto a niveles estatales o provinciales, como municipales. En la medida en que la capacidad de influencia económica y política de los emigrantes sobre sus gobiernos locales es mayor, y en la medida también en que la capacidad de influencia de los gobiernos locales sobre los poderes federales o centrales es mayor, también es más probable que los Estados expulsores tiendan a adoptar políticas de incorporación política y/ o económica.

4) Presencia de coaliciones o intereses que se oponen a un rol activo del Estado en la promoción del desarrollo social. Los Estados nacionales y sus elites políticas muestran cada vez menos interés por responsabilizarse de manera exclusiva en motivar el desarrollo social de sus poblaciones. Por ello, éstos tienden a buscar fuentes alternas para atender problemáticas de tipo social. Una de estas fuentes alternas son las comunidades de emigrantes en el exterior. A cambio de otorgarles derechos políticos, los Estados nacionales acuden a sus comunidades en el exterior para que éstas tomen un papel activo en motivar el desarrollo de sus comunidades y de su país de origen.

En los casos estudiados en este trabajo, el de Colombia y el de México, la combinación de varias de estas hipótesis parece determinar los intentos de incorporación política y o económica de emigrantes adoptados por estos países.

En el caso colombiano, por ejemplo, es posible argumentar que el derecho al voto en el exterior otorgado en 1961 está relacionado con la necesidad del Estado por legitimar el nuevo orden político —dominado por el Frente Nacional--, y por reincorporar a las elites políticas que habían abandonado el país después de un largo periodo de violencia política y después de una dictadura militar —la de Rojas Pinilla--. Aunque a los colombianos que residen fuera de su país se les otorgó derechos políticos desde una época muy temprana si se compara con otros casos, esto tuvo que ver poco con demandas específicas de estos emigrantes, o con variables externas específicas. Tampoco implicó un cambio fundamental en la idea que se tenía hasta entonces sobre la nación colombiana.

El derecho a la doble ciudadanía otorgado en 1991 tampoco parece estar claramente determinado por factores externos. En este caso, ciertamente, las comunidades en el exterior se mostraron más activas que antes en sus demandas políticas y económicas. Pero su mera influencia no se puede entender como el factor fundamental que determinó la aprobación de la doble ciudadanía en la nueva Constitución de 1991. Ello se refleja en el hecho de que al menos desde 1984 los colombianos en el extranjero venían gestionando con el Estado colombiano la doble ciudadanía y sin embargo su demanda no encontró respuesta sino hasta casi siete años después. Evidentemente su demanda requirió su inserción en dinámicas de poder internas para ser considerada. Y de hecho así fue, porque la doble ciudadanía fue aprobada en un contexto muy particular y definido al menos por dos circunstancias. Primero, una dramática crisis de legitimidad del Estado colombiano, y un ambicioso intento de las elites colombianas por reformar el aparato estatal y ampliar los espacios de participación política. Segundo, un momento histórico en que las demandas de las minorías políticas en Colombia —incluyendo no sólo a los emigrantes en el extranjero sino también y sobre todo a las minorías negras e indígenas– tenían el espacio y la fuerza para ser consideradas por primera vez.

El que el Estado colombiano ha desempeñado un rol independiente en determinar y moldear las políticas de incorporación política de sus emigrantes se manifiesta también en el hecho de que aunque a los Colombianos en el exterior, lo mismo que a las comunidades indígenas y negras, se les otorgó el derecho a elegir a quien o quienes los representaran en el Congreso nacional desde 1991, la legislación respectiva tardó nueve años en ser aprobada.

En el caso mexicano también es posible sostener que las políticas de incorporación de emigrantes adoptadas por el Estado mexicano se han visto ampliamente determinadas por agendas y balances de poder interno. Por ejemplo, el PPCME fue implementado en gran medida como respuesta del gobierno de Carlos Salinas de Gortari a la gran fuerza que adquirió la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en las comunidades mexicanas en los Estados Unidos durante las elecciones presidenciales de 1988. Aunque antes del gobierno de Salinas las autoridades mexicanas ya había considerado la necesidad de acercarse a las comunidades de mexicanos en el exterior, no fue sino hasta cuando el partido oficial vio amenazada su influencia y su control sobre estas comunidades, cuando se decidió llevar a la práctica un programa específico con esa meta.

También el hecho de que en México se aprobara una ley de doble nacionalidad y no una ley de doble ciudadanía está ampliamente determinada por balances de poder interno. Aunque respetados juristas mexicanos esbozaron amplias razones de porqué no era conveniente aprobar una ley que incluyese la extensión de derechos políticos a los mexicanos en el exterior, la razón real de porqué ésta no se llevó a la práctica se explica más por razones políticas que por razones normativas. Como es bien sabido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opuso a extender los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, por tener el claro conocimiento de que éstos tendían más a favorecer a la oposición que al PRI. De esta forma, también, los programas puestos en práctica por el Estado Mexicano desde inicios de los noventa y hasta el año 2000 para atraer la atención de sus nacionales en el extranjero tendían, por ejemplo, a favorecer y a promover formas de organización de los inmigrantes mexicanos que no tuviesen un corte de tipo político. Ello se facilitó ciertamente por el hecho de que los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos han preferido formas de organización apolítica de manera natural.

Es importante aclarar que aunque los Estados expulsores representan un rol muy importante en organizar la vida política y trasnacional de los inmigrantes, éstos no tienen sobre ellos un control absoluto (Smith 2000).

Esta situación se observa en el hecho de que las políticas de incorporación adoptadas por estados tradicionalmente expulsores de emigrantes han tenido resultados esperados pero también inesperados. Por ejemplo, aunque en algunos casos estos Estados han motivado que los inmigrantes sean mucho más activos y tengan un mayor interés en invertir sus remesas en proyectos de tipo productivo, también, al movilizar a los inmigrantes han motivado la emergencia de nuevas formas de organización política que actúan al margen o en oposición a los Estados mismos. Investigaciones preliminares realizadas en la Ciudad de Dallas con comunidades de mexicanos reflejan, por ejemplo, que la emergencia de grupos que han retado al Estado mexicano como la Coalición de Mexicanos en el Exterior (CIME) tuvieron como base previa la movilización política de los inmigrantes motivada involuntariamente por el Estado mexicano mismo.

Todos los argumentos presentados anteriormente demuestran la necesidad de considerar la relevancia que tienen los Estados expulsores en entender también los fenómenos trasnacionales. Salvo claras excepciones (por ejemplo Smith e Itzighson) hasta la fecha los enfoques trasnacionales han tratado de manera muy marginal o periférica el rol del Estado. Esto se debe en gran parte, a que estos enfoques tienen como unidad básica de análisis a los individuos y no a variables de tipo institucional (Portes et al. 1999, p. 220). También se debe a que este tipo de enfoques representan en gran medida una reacción a teorías de tipo estructural. Sin embargo, el gran activismo que algunos Estados nacionales han mostrado en tratar de incorporar a sus emigrantes y la aparente inactividad de otros, así como la variedad de formas de incorporación política y económica adoptadas por distintos Estados expulsores sugiere que el Estado no puede ser tratado como una caja negra o como una variable dependiente dentro de los enfoques trasnacionales. Como aquí se demuestra, los Estados expulsores actúan de forma independiente y de maneras muy concretas para incorporar o no a sus emigrantes. Sólo incorporando un modelo de análisis concreto para entender el rol de los Estados nacionales en los fenómenos trasnacionales se podrá entender también las transformaciones que las nociones de ciudadanía, nación y soberanía tenderán a sufrir en los próximos años.